EL PLENO DEL CPCCS ACUSA ANTE LA FISCALÍA A EXMIEMBROS AUGUSTO VERDUGA, YADIRA SALTOS, EDUARDO FRANCO LOOR Y NICOLE BONIFAZ, POR CASO "LIGADOS" Y LA DESIGNACIÓN DE RAÚL GONZÁLEZ COMO SUPERINTENDENTE DE BANCOS.-
EL PLENO DEL CPCCS ACUSA ANTE LA FISCALÍA A EXMIEMBROS AUGUSTO VERDUGA, YADIRA SALTOS, EDUARDO FRANCO LOOR Y NICOLE BONIFAZ, POR CASO "LIGADOS" Y LA DESIGNACIÓN DE RAÚL GONZÁLEZ COMO SUPERINTENDENTE DE BANCOS.-
El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió este miércoles presentar una acusación particular en la causa penal abierta por la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que se procesa a tres exconsejeros y una consejera en funciones.
Es por el caso Ligados, en el que se investiga a Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco, así como a la actual consejera Nicole Bonifaz, luego de que el 22 de enero de 2025 resolvieran que Raúl González asumiera la Superintendencia de Bancos, pese a que Roberto Romero von Buchwald ya había sido designado como titular de esa institución el 4 de diciembre de 2024.
En el comunicado de la entidad, esta resolución se tomó “por la trascendencia y naturaleza de la acción, respecto a la afectación institucional al Consejo; fue aprobada por los consejeros Jazmin Enríquez, Piedad Cuarán, Johanna Verdezoto, Gonzalo Albán y el presidente Andrés Fantoni Baldeón”.
Según un informe jurídico que motivaron la formulación de cargos, “generan la presunción de una afectación a la composición del Pleno del CPCCS, para la designación de autoridades, extrapolando el ordenamiento juridico vigente en el Ecuador”.
Dentro del proceso de investigación se produjo un allanamiento en las instalaciones del CPCCS, el 24 de enero de 2025, cuando se registró la retención de dispositivos electrónicos, cuyo contenido desmaterializado ha sido publicado por la Fiscalía General.
De acuerdo a Fantoni, “en la audiencia de formulación de cargos hubo un reconocimiento implicito al CPCCS como víctima de estos hechos y el posible daño institucional”.
Por eso, presentar esta resolución es necesaria para “defender la legalidad de las actuaciones del Consejo y su potestad de designar autoridades de forma transparente conforme la Constitución”.
